Plasencia: "Es incompatible vender Canarias como paraíso y hablar de planes de pobreza"

el . Publicado en Noticias 2013


Desde que tomó posesión como presidente de la Fecam en septiembre de 2011, Manuel Ramón Plasencia defiende los intereses de los ayuntamientos canarios, una administración que el Gobierno central se encarga de "demonizar", según él. Este militante socialista desde hace 26 años y alcalde de Alajeró (La Gomera) desde el año 2000, considera que "la autonomía municipal está en entredicho" y le preocupa sobremanera la reforma de las instituciones públicas que prepara Madrid.


–¿Qué balance hace en el ecuador de su mandato en la Fecam?

–Llevamos dos años de trabajo intenso en la federación porque la situación económica lo requiere para intentar solucionar muchos problemas que afectan a los municipios. Tenemos que coordinarnos con el resto de administraciones, sobre todo con el Gobierno autonómico para intentar, como mínimo, mantener las funciones básicas de los ayuntamientos. Uno de los trabajos que hemos querido hacer es reforzar el municipalismo. La autonomía local está cada vez más en entredicho.


–Le ha tocado vivir el período más convulso por el que atraviesan los ayuntamientos. ¿Siente que están siendo atacados?

–El Estado se ha encargado de demonizar a los ayuntamientos. Parece que la crisis tan brutal que vive este país es culpa de las corporaciones locales y no es cierto. Estas corporaciones –ayuntamientos, cabildos y diputaciones– tienen responsabilidad en un 4,83% de la deuda global. Salvo los casos puntuales, la mayoría de los ayuntamientos están haciendo las cosas con seriedad y atendiendo las necesidades de sus vecinos. Me preocupa cómo se está planteando la reforma de la Ley de Bases de la Administración Local porque va a afectar a los servicios esenciales de los ciudadanos. El tiempo lo dirá. Hasta ahora ha habido tres borradores y el Gobierno llegó a anunciar inicialmente que quería cargarse municipios de menos de 20.000 habitantes. Como eso creó alarma social lo han hecho vía indirecta, intentando restar competencias a través del coste estándar. Quieren fijar ese coste por Real Decreto y es lo que más nos preocupa porque no es igual en un municipio capitalino que en uno rural.


–¿De qué forma afectará a ciudades pequeñas como la suya?

–Casi el 80% de los servicios, como Educación y Sanidad, los tienen las comunidades autónomas, y el Estado quiere también pasar automáticamente Servicios Sociales a las autonomías y que éstas puedan conveniar con los ayuntamientos estos servicios, pero con un coste estándar que fijará el Gobierno central. La consecuencia será que vamos a retroceder 30 años los servicios públicos esenciales que se están prestando en estos momentos.


–¿Hay alguna vía para poder evitarlo?

–El Gobierno central se vale de la mayoría absoluta del PP en el Congreso para hacer y deshacer y no tiene que contar con ninguna fuerza política. Pero intentaremos agotar el diálogo lo máximo posible para que se acepte una disposición adicional que tenga en cuenta la singularidad de los municipios canarios porque son totalmente diferentes al resto de municipios de la Península. En las Islas, si el consistorio no presta un servicio y se centraliza en los cabildos, entonces ya los ayuntamientos quedamos fuera de juego. El objetivo de esta ley es privatizar los servicios, que costarán el doble de lo que ofrece la administración pública.


–¿Qué opina de la nueva reforma de las administraciones anunciada por Mariano Rajoy?

–Van a modificar todo el sistema administrativo y no sabemos hasta dónde pueden llegar, pero es preocupante. Se habla de costes y de ahorro y vamos a ver qué hacemos cuando tengamos que cerrar servicios públicos. El Gobierno central debe marcar unas reglas de juego a la comunidad y ésta, a su vez, a cabildos y ayuntamientos, de forma que cada uno tenga claro su ámbito competencial y dotado económicamente. El ciudadano debe saber qué hace cada administración y no tener que tocar tres puertas para solucionar un problema.


–Todos los partidos plantean reformar la administración, pero ¿a la hora de la verdad estarán dispuestos a ceder y reducir gastos y cargos públicos?

–Sí. Probablemente habrá alguna administración que ha sido un poco irresponsable en inflar el capítulo de personal y de cargos de confianza. Allá cada uno con su responsabilidad. Pero si las administraciones locales estamos hoy sobredimensionadas no es voluntad de la administración, es que nos han obligado y nos han empujado a ser así. Hay leyes estatales que han motivado esa sobredimensión. Un ejemplo es el plan nacional de escuelas infantiles, que poco menos que obligaba a que cada ayuntamiento tuviera su escuela infantil. Después llega una crisis y la culpa es del ayuntamiento porque asume la escuela infantil pese a que no es de su competencia, cuando es el Gobierno el que ha dado subvenciones para construirla y ahora se echa atrás.


–¿Pueden los consistorios recortando más gastos?

–A lo mejor se puede recortar en algunos capítulos, pero creo que todos están ya con el cinturón apretado al máximo y el mínimo recorte afectará directamente a los servicios esenciales.


–¿Cuáles son los servicios que considera que sólo deben asumir los ayuntamientos?

–Todos los servicios básicos.


–¿Hay que adelgazar más la estructura del Gobierno canario?

No voy a decir cómo deben organizar su casa. El Estado está tomando medidas y viendo lo que está sobredimensionado. Parece que sólo son los ayuntamientos. En Canarias van a desmantelarlos poco a poco y centrar todo en los cabildos.


–Aunque al final se ha llegado a acuerdo, ¿qué valoración hace de la gestión del Ejecutivo en el plan de empleo y la apertura de comedores escolares en verano?

–El plan de empleo social comenzó bien, y, salvo algunos matices en los que pueden tener razón los ayuntamientos, la mayoría coincidía en que es necesario tomar medidas para ayudar a muchas familias con dificultades. Sólo cuatro ayuntamientos (Gáldar, Santa Brígida, La Aldea y Vilaflor) no se adhirieron por estar inmersos en un expediente de regulación de empleo o por tener ya comprometidos sus recursos.


–¿Cree que el Gobierno carga sobre las espaldas de los ayuntamientos sus medidas?

–Antes del debate del estado de la nacionalidad, el presidente del Gobierno se reunió conmigo y los cuatro vicepresidentes de la Fecam para explicar estas dos medidas extraordinarias. Con el plan de empleo se empezó a trabajar desde el minuto uno con la federación. Pero con los co me dores faltó diálogo, se reunión a la Fecam y dijeron: "Esto es así y punto"; si se hubiera abordado antes con los alcaldes no hubiera habido la pequeña tensión que existió, pero que se ha ido superando.


–Sí pero al final el transporte no lo asume ni el Gobierno ni los ayuntamientos.

–El Cabildo de La Gomera lo va a asumir y en las otras islas se están estudiando los fórmulas.


–¿Ve conveniente mantener la cuota cero de los niños en exclusión a partir de septiembre?

–Sí. Hay que hacerlo porque los niños no se pueden quedar sin comer. Los cargos públicos tenemos atender estas necesidades.


–El plan de empleo social sólo atenderá al 7% de las familias con todos sus miembros en paro ¿es un programa insuficiente?

–Claro que es insuficiente. Nos gustaría llegar a todos las familias que tienen necesidad económica, pero los recursos son los que hay. Se va a atender según los informes sociales para llegar a las personas con más necesidades.


–¿Se podrá ampliar el número de beneficiarios?

–Depende de los recursos con que cuente la comunidad autónoma. Años atrás el Gobierno regional tenía para políticas activas de empleo 40 millones y el Estado lo redujo este año a diez. Cada año hay menos recursos y el paro está aumentando más. Ojalá que si se flexibiliza el déficit a Canarias se abra la mano y se puedan hacer más programas de este tipo.


–Ha sido crítico con la denominación de la estrategia contra la pobreza.

–No debemos sacar los titulares que estamos sacando todos los días de programas de ayudas por la pobreza. En Canarias hay muchas necesidades y miles de personas están pasando dificultades, pero vamos a llamar a los planes con otro nombre porque si vendemos Canarias como paraíso turístico y, a su vez, decimos que hay aquí pobreza... Sí hay dificultades, pero tenemos que tener más cautela a la hora de hablar de estas cosas porque es incompatible vender Canarias como paraíso turístico y, en cambio, hablar de pobreza.


–¿Cómo cambiar el discurso?

–Hay que intentar hacer las cosas con la mayor discreción posible, de tal manera que no podamos afectar a nuestro motor económico que es el turismo.


–¿Tiene la sensación de que es el PSOE el que con sus planes en el Ejecutivo regional están salvando los cuartos a la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas?

–No. Hay que reconocer que la consejera Inés Rojas ha hecho un trabajo interesante también sobre todo con los ayuntamientos, con el Plan Concertado y las políticas que se vienen haciendo desde el área de Servicios Sociales.


–¿El PSOE sale fortalecido al impulsar estas medidas sociales?

–No tenemos que estar poniendo en marcha políticas y tomando decisiones pensando en la rentabilidad política. Ahora más que nunca todos los responsables políticos tenemos que sentarnos en una sola mesa, independientemente del color político, y tomar decisiones para salir de esta situación o llevarla lo mejor posible.


Fuente: laopinion.es

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